La Fundación Apolo, representada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, presentó una acción de amparo y un reclamo administrativo para suspender de forma urgente la aplicación del sistema de fotomultas en el partido bonaerense de Campana. Según la presentación, el mecanismo se encuentra “viciado de nulidad absoluta por graves irregularidades legales y administrativas”.
En el escrito se sostiene que el sistema funciona sin contar con la debida señalización preventiva en las rutas, lo que viola los principios de legalidad y razonabilidad exigidos por la ley de tránsito. Además, se señala que el Municipio de Campana no firmó públicamente un convenio con el Ministerio de Transporte bonaerense, paso obligatorio para validar la delegación del poder de control de tránsito a nivel local. Esta ausencia de convenio es, por sí sola, motivo suficiente para anular las actas labradas.
Yamil Santoro, legislador porteño y uno de los impulsores de la medida, afirmó que «no se puede utilizar la tecnología para ocultar un esquema recaudatorio. Las fotomultas sin legalidad ni controles son una estafa al ciudadano, disfrazada de seguridad vial».
El reclamo también advierte que las multas son enviadas sin notificación adecuada, muchas veces varios meses después de la supuesta infracción, dificultando el ejercicio del derecho de defensa. Este mecanismo, lejos de generar educación vial, sólo busca recaudar de forma automática y arbitraria.
El caso cobra mayor gravedad a partir de una investigación judicial publicada por Infobae, que vincula directamente al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, con la empresa que opera las cámaras. D’Onofrio fue imputado por lavado de dinero, a raíz de presuntas maniobras irregulares en los contratos firmados para implementar el sistema de fotomultas en varios distritos, entre ellos Campana.
Frente a este panorama, la Fundación Apolo exige que se declare la nulidad de todas las actas que surjan de este sistema y que se ordene la suspensión inmediata de su aplicación hasta tanto se cumpla con los requisitos legales y se garantice la transparencia del proceso.