El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur y propone crear un Consejo de Seguridad Nacional.
El texto de mayoría, acordado entre La Libertad Avanza y sus aliados, quedó listo para ser debatido en el recinto. Contó con el aval del PRO, el radicalismo, Karina Banfi de Adelante Buenos Aires, Gisela Scaglia y Sergio Capozzi. En disidencia, lo hicieron Pablo Farías y José Núñez de Provincias Unidas; y los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal.
También presentaron dictámenes en minoría Lourdes Arrieta; Esteban Paulón junto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge; Unión por la Patria; el Frente de Izquierda, con la firma de Myriam Bregman; y los misioneros de Argentina Federal, Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.
Las modificaciones alcanzan las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, el control parlamentario del nuevo organismo y la definición de las conductas consideradas injerencia extranjera en los procesos electorales.
Uno de los cambios establecidos es la reducción a las sanciones contra las compañías vinculadas a la explotación de la Cuenca Malvinas. Esta baja en las multas conglomera, también, a las firmas asociadas en otros proyectos de explotación hidrocarburífera.
El texto limita las sanciones a quienes participen directamente en los negocios ilegales: operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. En cambio, quedan excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las empresas explotadoras.
Además, fue modificado el artículo que proponía sancionar con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. El agregado al texto dictaminado excluye explícitamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.