ATE Capital manifestó su rechazo e impugnaron el Decreto N° 230/26 dictado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por considerarlo ilegítimo e inconstitucional. Denunció que el Ejecutivo porteño carece de competencia constitucional y legal para calificar actividades como "servicios esenciales" o de "importancia trascendental", así como para fijar unilateralmente porcentajes de prestación mínima durante el ejercicio del derecho de huelga. Estas materias están reservadas a la legislación laboral nacional (artículos 75 inciso 12 y 121 de la Constitución Nacional).
"El Decreto N° 230/26 altera arbitrariamente el régimen establecido en el artículo 24 de la Ley Nacional N° 25.877, que prevé un procedimiento específico para cada conflicto colectivo, con participación de las partes y de la autoridad laboral nacional. En su lugar, impone una reglamentación general, abstracta y permanente que modifica el espíritu y alcance de la ley nacional, invadiendo competencias federales", precisó la entidad sindical.
"Asimismo, resulta ilegal la instrucción dada a la Secretaría de Trabajo y Empleo local para intervenir en la determinación de servicios mínimos, ya que la autoridad competente es exclusivamente la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ninguna norma transfirió esa potestad al Gobierno de la Ciudad", agregó.
ATE Capital alertó: "Este decreto constituye una grave restricción ilegítima, irrazonable y desproporcionada al derecho de huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, y el artículo 8.1.d del Protocolo de San Salvador. La doctrina de los órganos de control de la OIT es clara: las limitaciones solo proceden en servicios esenciales en sentido estricto o ante crisis nacionales graves, y deben definirse caso por caso, con participación sindical y respetando los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad".
"La fijación anticipada y general de mínimos del 75% y 50%, sin analizar cada conflicto concreto, viola los estándares internacionales y nacionales que protegen la libertad sindical. Por todo lo expuesto, desde ATE Capital intimamos al Gobierno de la Ciudad a dejar sin efecto de manera inmediata el Decreto N° 230/26,* absteniéndose de aplicarlo o de tomar cualquier medida basada en sus disposiciones. De no hacerlo, impulsaremos todas las acciones administrativas, judiciales y denuncias internacionales ante la OIT que correspondan, incluyendo la acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad del acto", concluyó.