La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2024 pero vetada por el oficialismo ese mismo año. En 2025 volvió a aprobarse en ambas cámaras y vetada por el Poder Ejecutivo, sin embargo, La Libertad Avanza no logró conseguir el tercio de alguno de los dos recintos para poder abroquelar ese rechazo.
La comunidad universitaria llevó a cabo cuatro marchas, la última el pasado 12 de mayo. El Gobierno lleva 206 días sin cumplir la Ley.
En la formalización del Presupuesto 2026, la gestión de Javier Milei limitó los artículos centrales de la normativa universitaria y eso fue respondido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con una medida cautelar para que esto no tuviera efecto.
El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para dejar sin efecto los artículos 5 y 6 de la ley al entender que provocan un "grave e irreparable perjuicio al Estado".
Por otro lado, las universidades impulsaron un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes.
Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes. La Universidad de Buenos Aires pidió que el máximo tribunal “se expida a la mayor brevedad”.