Los funcionarios Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Nuñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi, y los diputados libertarios Mario Campero, Lorena Villaverde, y el rosarino Alejandro Bongiovanni recibieron créditos entre 100 y 500 millones del Banco Nación.
Frade remarcó: “En orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal”.
Entre las medidas solicitadas por la Coalición Cívica a la Justicia, la legisladora pidió librar un oficio al Banco Nación para obtener los legajos crediticios completos de todos los involucrados y de cualquier otro funcionario o legislador que pudiera estar en situación similar. También requirió el acceso a las actas de directorio mediante las cuales se aprobaron las operaciones, y solicitó que el cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional determine si el banco sufrió algún tipo de perjuicio económico.
Además, Frade pidió que se establezca si en el otorgamiento de los préstamos existieron «condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco», y si se violó la Carta Orgánica o los manuales de procedimientos internos de la institución. La denuncia también apunta a determinar si existió algún vínculo jerárquico o de otra naturaleza entre quienes otorgaron los créditos y quienes los recibieron.
Los legisladores Campero, y Bongiovanni rechazaron la acusación y señalaron que no recibieron tratos preferenciales y cumplieron con los requisitos para acceder a ese préstamo.