“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.
Casanello advirtió: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
“Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores. En varios documentos se repite la figura de Miguel Calvete, quien habría traficado sus influencias a un espectro amplio de empresas interesadas en contratar con la Agencia -directa o indirectamente-“, agregó el Juez.
En total, Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la Andis y privados que habrían intervenido con distintos roles en la operatoria.