El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
Cormick señaló que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales, como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquetes habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Además, criticó la falta de criterios para actuar frente a grupos vulnerables como niños, personas mayores o con discapacidad, que requieren medidas de protección especiales. Por estos motivos, exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicar el protocolo y a ajustar su accionar al Código Procesal Penal.