La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El funcionario aclaró que la decisión no implica la suspensión automática de pensiones ni recortes generalizados, aunque sí se avanzará con auditorías más estrictas que podrían derivar en bajas para quienes no cumplan con los requisitos vigentes.
Adorni planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, detalló.